San Luis Potosí, SLP.- Luego de la reactivación del programa de créditos en la Dirección de Pensiones del Estado, su titular, Luis Arturo Coronado Puente, informó que la respuesta de los derechohabientes ha sido positiva, destacando que la implementación del aval ha contribuido a disminuir riesgos financieros y a resguardar los recursos de los trabajadores, tras un periodo en el que se registró una cartera vencida significativa.

“Claro, el interés existe, aquí la figura que nosotros aplicamos fue la del aval, hay que ser claros con este tema, el aval es para cuidar los fondos, al final de cuentas el dinero es de los derechohabientes, entonces lo que estamos haciendo en la Dirección de Pensiones es cuidar y blindar ese dinero, traíamos una cartera vencida de 8 millones de pesos mensual y un riesgo total de 109 millones de pesos, entonces para traer un riesgo casi mínimo o nulo, por eso es que se aplicó la figura del aval, pero se han estado moviendo los préstamos muy bien”, dijo al respecto.

El funcionario señaló que el programa será evaluado de manera permanente para determinar posibles modificaciones, al tiempo que reiteró que la transparencia en el manejo de los recursos es uno de los ejes principales de la dependencia. Respecto a la cartera vencida, indicó que, aunque en términos porcentuales se mantiene en niveles bajos, el monto total continúa siendo elevado debido al volumen de créditos activos.

“Traemos en puntos porcentuales, traemos un 0.9%, punto 0.8% en cartera vencida, que en global pues eso es lo que representa, pero en pesos es lo que te decía, traemos más o menos 109 millones de pesos en cartera vencida, se les llama a un riesgo total de los préstamos que están en circulación. Ahorita no traigo a la mano el número total de los préstamos, porque estamos hablando de créditos hipotecarios y también de préstamos a corto plazo”, añadió

Finalmente, apuntó que los resultados favorables en la colocación de préstamos permitirán analizar ajustes al esquema vigente en el futuro, manteniendo como prioridad la protección del patrimonio de los trabajadores del estado.