San Luis Potosí, SLP.- Una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado propone destinar 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos al transporte público de San Luis Potosí durante 2027, con el propósito de renovar la flota vehicular, atender los gastos de operación, garantizar ganancias a los concesionarios y cubrir pérdidas económicas generadas durante la pandemia.

El planteamiento fue suscrito por Margarito Terán López, representante del gremio transportista, y otros nueve ciudadanos, quienes proponen establecer el Programa para el Fortalecimiento y Apoyo al Usuario del Transporte Público en el Área Metropolitana, mediante recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal.

La mayor parte del presupuesto solicitado, equivalente a 2 mil 304 millones de pesos, se utilizaría para renovar 768 unidades, cuyo costo estimado es de 3 millones de pesos cada una. Además, se contemplan 173 millones 399 mil 224.32 pesos para cubrir el margen de utilidad del 15 por ciento de los concesionarios, 45 millones 927 mil 628.80 pesos para compensar el déficit operativo y 274 millones 556 mil 619 pesos para amortizar las pérdidas acumuladas durante la pandemia.

En la justificación financiera, los promoventes calcularon que operar cada autobús representa un gasto diario de 4 mil 123.84 pesos, mientras que los ingresos por pasajes alcanzarían los 3 mil 960.60 pesos, tomando como referencia un aforo de 308 pasajeros. Bajo estas condiciones, cada unidad registraría un déficit de 163.24 pesos diarios.

La iniciativa establece que el financiamiento deberá entregarse bajo condiciones específicas y no como una transferencia general sin restricciones. Para ello, propone implementar reglas de operación, mecanismos para comprobar el uso de los recursos, indicadores que permitan evaluar los resultados y disposiciones que garanticen la transparencia en su aplicación.

Respecto a los usuarios que podrían beneficiarse, el documento identifica a 389 mil 638 personas inscritas en el sistema de prepago. De este total, 334 mil 610 son estudiantes, 49 mil 932 adultos mayores, 2 mil 375 personas con discapacidad, mil 85 jubilados y mil 636 usuarios de prepago general.

Como esquema de distribución presupuestal, los ciudadanos plantean asignar hasta el 82 por ciento del monto a la modernización y sustitución de autobuses. El resto se repartiría entre capacitación y profesionalización, con 5 por ciento; tecnología, con 4 por ciento; accesibilidad, seguridad y calidad, con 3 por ciento; estudios, supervisión y evaluación, con otro 3 por ciento; fortalecimiento operativo, con 2 por ciento, y atención de necesidades emergentes justificadas, con el 1 por ciento restante.

El documento también señala que la Ley de Transporte Público contempla la obligación de disponer de un Programa Sectorial de Transporte Público, pero sostiene que este instrumento no existe actualmente. Por ello, propone que la ejecución del nuevo programa quede bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, sin crear nuevas dependencias, entidades, fideicomisos o plazas laborales, ni establecer subsidios permanentes u obligaciones financieras multianuales.