Lo que debería ser una fiesta deportiva para miles de corredores se encuentra a pocos días de su realización en medio de un conflicto que rebasa las deficiencias internas de organización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El Medio Maratón UASLP, programado para este domingo 27 de septiembre, llega a su recta final con un problema que apunta directamente al Ayuntamiento capitalino encabezado por Enrique Galindo: la falta de respeto a la planeación y a los permisos que la institución educativa habría gestionado con anticipación para utilizar las plazas de Armas y Fundadores como parte de la logística de la competencia.

La situación resulta particularmente cuestionable porque la UASLP no está organizando un evento improvisado. La propia convocatoria establece con anticipación la fecha, horarios y operación de las diferentes distancias, con salida y meta en el Centro Histórico, y contempla una participación de hasta 10 mil corredores en la capital. Bajo ese escenario, modificar o poner en riesgo espacios públicos previamente considerados para una competencia de esta magnitud representa un golpe directo a la logística del evento y obliga a realizar ajustes prácticamente sobre la marcha.

El conflicto adquiere mayor relevancia luego de que el Ayuntamiento confirmara que Enrique Galindo realizará su Informe de Gobierno el próximo 29 de septiembre en la Plaza de los Fundadores, apenas dos días después del Medio Maratón. El propio alcalde informó que para ese acto será necesario apuntalar nuevamente el estacionamiento subterráneo de la plaza. La utilización de espacios del Centro Histórico para actividades municipales, mientras la Universidad enfrenta dificultades para disponer de los sitios que había contemplado para su tradicional carrera, deja abierta una pregunta inevitable: ¿por qué no se respetó desde un principio la planeación de una competencia que estaba anunciada y organizada con meses de anticipación?

A ello se suma que el Ayuntamiento ha sostenido públicamente que la asignación de plazas se realiza mediante coordinación institucional y conforme a una agenda previamente establecida. Incluso el propio Galindo anunció recientemente la autorización de Fundadores, Armas, El Carmen y San Francisco para actividades del festival Xantolo. Si existe una agenda y mecanismos de coordinación para asignar los espacios públicos, resulta difícil entender cómo un evento universitario de esta magnitud puede llegar a la semana de su realización enfrentando obstáculos precisamente en los puntos que forman parte de su operación. Desde la perspectiva de la comunidad universitaria, esto puede interpretarse como una falta de respaldo institucional e incluso como una forma de sabotaje a la competencia.

Por supuesto, también existen responsabilidades dentro de la propia Universidad. La División de Servicios Estudiantiles, encabezada por Ana Luisa González Sánchez, tiene la obligación de garantizar que todos los acuerdos y permisos permanezcan vigentes y sean respetados hasta el día de la competencia. La falta de seguimiento atribuida a esta área habría contribuido a complicar todavía más el panorama, particularmente por el empalme del Medio Maratón con otras carreras programadas prácticamente a la misma hora en el Parque Tangamanga I. La UASLP y el Ayuntamiento tienen, por tanto, responsabilidades distintas, pero el afectado final puede ser el corredor.

El Medio Maratón UASLP tiene una tradición que no debería quedar atrapada entre la falta de experiencia de funcionarios universitarios y decisiones administrativas del gobierno municipal. Mientras miles de atletas se preparan para recorrer las calles de San Luis Potosí, la organización enfrenta obstáculos que debieron resolverse mucho antes. Si los permisos fueron gestionados oportunamente, el Ayuntamiento tendría que explicar por qué los espacios comprometidos no están siendo respetados; y si existieron errores de seguimiento por parte de la Universidad, la institución también deberá asumir su parte. Lo que no puede ocurrir es que los corredores terminen pagando las consecuencias de una disputa o de una cadena de omisiones institucionales que pudo evitarse.