San Luis Potosí, SLP.- Diversos colectivos y defensores de los derechos de los animales fijaron una postura pública para expresar su desacuerdo con la resolución que permitió que el hombre acusado de privar de la vida a dos perros en el campo Los Delfines, en Soledad de Graciano Sánchez, continúe su proceso judicial sin permanecer detenido.
A través de un pronunciamiento dirigido a las autoridades, medios de comunicación y ciudadanía en general, las organizaciones manifestaron su preocupación por la actuación de la Fiscalía General del Estado, al considerar que no se plantearon con la contundencia necesaria los argumentos para solicitar medidas cautelares de mayor alcance.
Los activistas señalaron que los hechos de crueldad contra animales no deben ser minimizados, al tratarse de conductas que, además de afectar a las víctimas directas, generan inquietud y preocupación entre la población por las implicaciones sociales que pueden representar.
En el documento, sostienen que el empleo de un medio de agresión considerado altamente peligroso para causar daño a seres indefensos debió ser valorado con mayor rigor al momento de analizar el nivel de riesgo atribuido al imputado, debido a que este tipo de actos también impactan en la percepción de seguridad de quienes habitan o frecuentan la zona donde ocurrieron los hechos.
Asimismo, consideraron que la existencia de dos animales afectados constituye una circunstancia relevante que debe ser examinada de manera individual dentro de la investigación, con el propósito de determinar con precisión las posibles responsabilidades legales derivadas de cada uno de los hechos.
Sobre las referencias relacionadas con la edad avanzada y eventuales problemas de salud mental del acusado, los colectivos señalaron que cualquier condición de este tipo debe acreditarse mediante estudios periciales imparciales y técnicamente sustentados, sin dejar de ponderar el posible riesgo social asociado a hechos de esta naturaleza.
También advirtieron que resoluciones consideradas insuficientes en casos de alto impacto por maltrato animal pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, además de desalentar la presentación de futuras denuncias.
Dentro de sus planteamientos, solicitaron a la Fiscalía fortalecer las investigaciones con apoyo de peritajes científicos y una revisión integral de las conductas posiblemente constitutivas de delito. De igual manera, pidieron al Poder Judicial tomar en cuenta la gravedad de los hechos, la protección de la comunidad y los principios de bienestar animal en las determinaciones que emita.
Finalmente, hicieron un llamado al Congreso del Estado para que, en el análisis de la llamada Ley Hope, se refuercen los mecanismos legales orientados a prevenir y sancionar el maltrato animal. Los colectivos afirmaron que continuarán atentos al desarrollo del caso y reiteraron su exigencia de una respuesta institucional proporcional a la gravedad de los hechos, en memoria de Laika, Solovino, Hope, Hachi y otras víctimas de violencia contra los animales.