La CGE aclara que no hay un «bloqueo», sino una revisión ordinaria y preventiva para garantizar que el proyecto cumpla estrictamente con la ley antes de iniciar su licitación

La Contraloría General del Estado (CGE) informó que el proyecto de convocatoria para la construcción del paso inferior vehicular en El Saucito permanece en proceso de revisión técnica y jurídica, debido a que el Ayuntamiento capitalino no ha solventado diversas observaciones hechas al documento.

La dependencia estatal detalló que el municipio turnó el proyecto el pasado 25 de marzo. Tras su análisis, la Contraloría emitió observaciones los días 26 de marzo, 6 de abril y 26 de abril, con el fin de que la autoridad municipal las resolviera y el procedimiento se ajustara por completo a las normas vigentes.
Estas observaciones exigen la acreditación de permisos, licencias, dictámenes y documentación necesaria para ejecutar la obra, tal como lo marcan los artículos 19, 20, 25, 26, 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
También se solicitó al Ayuntamiento comprobar si cuenta con el Estudio de Impacto Urbano que exige el artículo 4°, fracción XLI, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. Igualmente, se le requirió anexar el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el instrumento jurídico o convenio de colaboración para la coordinación de acciones con el Ayuntamiento de San Luis Potosí.
La CGE aclaró que no mantiene «bloqueado» el procedimiento, sino que conforme se lo ordena la ley realiza revisiones preventivas y exhaustivas con el fin de que la obra pública se desarrolle con legalidad, transparencia y certeza jurídica. Asimismo, destacó que estas supervisiones no son extraordinarias, sino parte de los mecanismos que se aplican de forma permanente a los 59 municipios para garantizar la rendición de cuentas.
Finalmente, la Contraloría General del Estado refrendó su disposición institucional para seguir colaborando con las autoridades municipales y acompañar los trámites necesarios, siempre privilegiando el interés público, el cumplimiento de la ley y el correcto uso de los recursos.