A pesar de que el predio en disputa es legalmente propiedad del ayuntamiento, un juez federal ordenó la suspensión provisional de su subasta tras considerar que su enajenación podría vulnerar derechos humanos y contravenir la normativa sobre uso de suelo, particularmente si se trata de un área de donación destinada a espacios públicos.

El recurso promovido por vecinos no cuestiona la titularidad del terreno, sino la legalidad de su venta, bajo el argumento de que los municipios, aunque cuentan con autonomía constitucional para administrar su patrimonio, no pueden disponer libremente de bienes que tengan una vocación de uso público o que estén vinculados a derechos fundamentales.

“Se acaba de autorizar estas suspensión, está provisional hasta que el juez el 8 de mayo decida específicamente si está generando un impacto el municipio”

En ese sentido, los inconformes señalan que el artículo 115 constitucional, que reconoce la autonomía municipal, no puede aplicarse de manera aislada, ya que el artículo primero de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar y proteger los derechos humanos.

Los vecinos sostienen que el predio podría formar parte de las áreas de donación contempladas en la legislación de asentamientos humanos, las cuales deben destinarse a áreas verdes, parques o infraestructura comunitaria, lo que limitaría su venta incluso siendo propiedad municipal.

Bajo esta lógica, argumentan que la posible enajenación del terreno implicaría una afectación directa al derecho al medio ambiente sano, al eliminar espacios de esparcimiento y reducir áreas verdes en la zona.

“Nosotros como humanos tenemos derecho al medio ambiente sano, y este medio ambiente sano tiene que ver con áreas verdes”

“Lo que está pasando con el amparo, el juez revisó y pidió cuál es la afectación real a las personas. Al momento el 10 de abril se autoriza y notifican al municipio que no pueden vender esas áreas porque no tienen la facultad”

Los inconformes subrayaron que, hasta ahora, la venta no se ha concretado, ya que únicamente se encontraba en fase administrativa, misma que permanece suspendida por orden judicial”

Será en la audiencia constitucional del próximo 8 de mayo cuando el juez determine si el ayuntamiento puede continuar con la enajenación o si, por el contrario, el predio debe conservarse conforme a su posible destino como espacio público.

“Estas áreas de donaciones es una ley que entró en la ley de asentamientos, donde cualquier proyecto de desarrollo mobiliario decían, tú tienes que dejar el 15% de estas áreas. ¿Para qué? Para que estas áreas. sirvan porque no es a construir una casa por construir, es construir un entorno habitacional”.

Finalmente, advirtieron que la venta del predio podría detonar impactos urbanos negativos como sobrepoblación, incremento del tráfico, presión sobre los servicios públicos y afectaciones al equilibrio ambiental de la zona.

“Lo que esperamos o la exigencia de ellos es que realmente que se respeten las áreas que están dedicadas para tal. y que realmente empiecen a escuchar a los ciudadanos, porque al final vender estas áreas, lo que constituye es que va a generar un conflicto porque va a aumentar tráfico, va a aumentar temas de de servicio.nifica que imagínate, tú tienes 100 personas viven en este colonia. Tú dices, ok, vendo el 15%, construyo una torre de departamentos que va a generar va a haber el doble de personas viviendo ahí. va a aumentar el estrés hídrico que está ahí, va a haber va a ser una sobreprobación, va a un tra tráfico y otro tema, ¿dónde va a haber los servicios básicos que ellos necesitan? Me refiero de una clínica, una escuela y a la par no va a haber 1 área donde absorba la lluvia.”