San Luis Potosí, SLP.- El Congreso del Estado comenzará en febrero una serie de adecuaciones para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) asuma la organización de diversas consultas públicas que permanecen pendientes por mandato judicial, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés. De acuerdo con lo previsto, estos ejercicios podrían arrancar en el mes de marzo y estarían enfocados en temas relacionados con comunidades indígenas, derechos humanos y educación inclusiva.

El legislador explicó que, tras realizar una revisión jurídica, se determinó que el organismo electoral cuenta con la facultad para incorporar dichas consultas a los procesos que ya tiene contemplados en su agenda, lo que permitiría al Poder Legislativo dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por instancias judiciales.

“Eso es algo que me parece va a fluir. Hemos ya iniciado el acuerdo con el Ceepac y creo que muy pronto tendremos esta posibilidad como una alternativa y solventar lo que tenemos por resolver en el congreso relativo a las consultas”.

Serrano Cortés señaló que esta alternativa surgió luego de un encuentro sostenido en diciembre con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se revisaron los alcances legales de las consultas que fueron ordenadas al Congreso local.

Durante dicha reunión, la presidenta de la Mesa Directiva, Sara Rocha Medina, planteó que el Congreso no dispone de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo de manera directa estos procesos de consulta.

Ante la necesidad de acatar las sentencias y la falta de presupuesto, el Poder Legislativo optó por solicitar el respaldo del Ceepac, al considerar que cuenta con la infraestructura técnica y operativa para desarrollar los mecanismos de participación ciudadana. Incluso, se indicó que ya se preparan acciones informativas preliminares tras el envío de un oficio al organismo electoral.

Entre los procesos pendientes destacan la consulta sobre la transición del sistema de partidos políticos a usos y costumbres en comunidades indígenas, otra relacionada con derechos humanos y una más enfocada en educación inclusiva para personas con discapacidad. Esta última deriva de la invalidación, por parte de la Suprema Corte, de un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado que fue aprobado sin consulta previa. En conjunto, el Congreso del Estado tiene al menos tres consultas obligatorias que aún no han sido realizadas.