San Luis Potosí, SLP.- Un juez federal determinó suspender de manera provisional cualquier nombramiento en la Dirección de la Facultad de Derecho de la UASLP, luego de que un grupo de académicos —la Dra. María Suhey Tristán Rodríguez, Dra. Elia Edith Argüelles Barrientos, Dra. Xochithl Rangel Romero, Dra. Violeta Mendezcarlo Silva, Mtro. José Édgar Durón Puente, Dr. Salvador Hernández Peña y Mtro. Pedro Vladimir Ibáñez García— promoviera un amparo al considerar que fueron excluidos del proceso de selección. La resolución, dictada dentro del incidente 1848/2025-VII, ordena detener cualquier designación hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

El juez precisó que la medida se concede respecto a la exclusión de los quejosos del procedimiento para elegir a la Dirección de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, según lo asentado en el acta de sesión extraordinaria del 17 de noviembre de 2025. También instruyó expresamente que no se nombre a ninguna persona como titular de la dirección hasta que se emita la resolución correspondiente. La suspensión entra en vigor de inmediato y no requiere garantía de los promoventes.

Esta determinación ocurre en medio de la controversia generada por la reiteración de la terna enviada al Consejo Directivo Universitario, integrada por Luz María Lastras Martínez, Georgina González Cázares y Jesús Javier Delgado Sam. La misma propuesta, remitida inicialmente el 20 de noviembre, había sido rechazada por el órgano colegiado, lo que abrió un periodo de inconformidades y debate entre integrantes de la comunidad académica.

El origen del conflicto está vinculado a cuestionamientos sobre la integración de la terna. En la primera sesión de análisis, consejeros y estudiantes denunciaron posibles irregularidades, como la participación simultánea de aspirantes en órganos evaluadores. Estas observaciones llevaron a suspender la votación y a devolver los expedientes al Consejo Técnico, lo que profundizó el desacuerdo entre distintos sectores universitarios.

A ello se sumó la polémica generada por un oficio de apoyo presentado al Consejo Directivo, que contenía firmas repetidas y presuntas inconsistencias. Dichas anomalías incrementaron el malestar en la Facultad y acentuaron los señalamientos sobre la legitimidad del proceso de selección, contexto que ahora queda detenido por mandato federal.

El grupo promovente argumenta que su exclusión vulnera derechos académicos vinculados a su participación en procesos internos, por lo que recurrieron al amparo para resguardar sus prerrogativas. En contraste, autoridades universitarias sostienen que el Consejo Técnico integró la terna conforme a los criterios y requisitos vigentes, por lo que consideran que el procedimiento fue adecuado. La resolución definitiva será la que determine si el proceso permanece suspendido o si la Universidad podrá reactivar el camino hacia la votación.

Con la suspensión provisional vigente, la UASLP no podrá designar a la nueva persona titular de la Dirección de la Facultad de Derecho, prolongando un escenario ya tenso y marcado por reclamos de mayor transparencia y certeza institucional.