San Luis Potosí, SLP.- El Colectivo Praxis Combativa denunció como «ilegal» el controvertido aumento en la tarifa del transporte público colectivo. Según el colectivo, el ajuste de $1.00 MXN, que elevó la tarifa de $11.50 a $12.50, viola el artículo 94 de la Ley de Transporte Público del Estado y constituye un incremento del 106.5% respecto a lo permitido por la normativa vigente.

El artículo 94 establece que las tarifas deben ajustarse anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). En este sentido, el INPC acumulado en 2024 fue del 4.21%, lo que correspondería a un incremento de $0.48 MXN, redondeado a $0.50, resultando en una tarifa final de $12.00 MXN.

«El acuerdo publicado el 15 de enero no presenta evidencia ni relación de las unidades que cumplen con los estándares de calidad necesarios para justificar este aumento tarifario. Esto no solo atenta contra la legalidad, sino también contra el derecho a la movilidad del pueblo potosino», denunciaron.

Además del controvertido ajuste en la tarifa, señalaron que el servicio actual no cumple con requisitos fundamentales establecidos por la ley, como la antigüedad máxima de 10 años para las unidades, la instalación de cámaras de seguridad y el funcionamiento de los botones de pánico. Según datos oficiales, 261 unidades operativas exceden el límite de antigüedad, mientras que otras 382 carecen de información al respecto.

Se subrayó que la responsabilidad de estas deficiencias recae directamente en los concesionarios, a quienes se les acusó de operar guiados por intereses lucrativos que contravienen el derecho humano a la movilidad. En contraste, destacaron que iniciativas públicas como Metrored brindan un servicio más eficiente y accesible, resaltando la urgencia de que el Estado retome, de manera progresiva, la gestión del transporte público.

Ante esta situación, Praxis Combativa anunció que interpondrá amparos para frenar el cobro de la tarifa y acudirá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para presentar una queja formal. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a la defensa del derecho a la movilidad y presentar acciones colectivas contra lo que calificaron como “un abuso tarifario.”

«Llevaremos estas demandas hasta sus últimas consecuencias y seguiremos trabajando para que los intereses empresariales no se impongan sobre los derechos de las y los potosinos”.