+ NINGÚN DETENIDO, NINGUNA RENUNCIA+ EL REELECTO ALCALDE OBLIGADO A TOMAR MEDIDAS
En el Ayuntamiento de la Capital hay responsables principales de la tragedia del #Rich que enlutó a familias potosinas el pasado viernes 7 de junio del 2024. Sin embargo, transcurridos casi 10 días del suceso no se registra alguna renuncia o detención por la muerte de dos jóvenes y otros 15 heridos; dos de ellos reportados aún en estado grave.
Son varios los directores que deben responder y se les puede hacer pagar por la negligencia y omisiones corruptas que provocaron daños irreparables. Entre estos funcionarios está en primer lugar el director de Comercio, Jorge García Medina, de quien han quedado al descubierto sus tramposos permisos otorgados a centros de diversión que no cumplen con los requisitos.
Las autoridades reelegidas que gobernaran los próximos tres años tienen la obligación de tomar medidas muy serias no sólo para sancionar como es obligado a los malos funcionarios, sino a sentar las bases de prevención y seguridad para que tales acontecimientos no se vuelvan a suscitar.
El hecho de que el citado Jorge García Medina estuviera con licencia no lo exime de responsabilidad, pues la omisión y la negligencia que dio pie al suceso se engendró bajo por actos administrativos suyos, por lo cual se le pueden acreditar cargos.
No es el único, pueden ser investigados y eventualmente sancionados por sus malas prácticas los titulares de la dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano (Judith “N”), la dirección de Ecología Municipal (un tal Max Jasso), la dirección de Protección Civil Municipal (Daniel Alejandro “N”).
Quizá sólo por circunstancias de temporalidad electoral el suceso no los encontró a alguno de ellos despachando en sus respectivas oficinas, como pudo ser el caso del citado titular de Comercio, pero ahora todo mundo sabe que la carga política y administrativa cae directamente bajo sus espaldas.
García Medina, a las órdenes de Galindo, tiene una implicación más directa al ser quien otorgaba los permisos fraudulentos de negocios de comida a sitios que se usaban para viles antros inseguros, como quedó de manifiesto.
Por otro lado, podrían esperarse las respectivas sanciones económicas y la aplicación del Código Penal no solo a los funcionarios directamente implicados en el desaseo del otorgamiento de permisos, sino también a los particulares que corrompieron a dichos servidores públicos.
Esos malos emprendedores actuaron sin ningún tipo de ética, y la consecuencia fueron las dos muertes de los jóvenes. Ojalá esto sirva de ejemplo para que los espacios de entretenimiento cuenten con mayor seguridad. Y que sucesos como el citado no vuelvan a ocurrir.
Por lo pronto, los potosinos ya lo tienen claro: las muertes de los dos jóvenes y las repercusiones en la salud (algunas de por vida) de otros 15 que resultaron heridos fue consecuencia de la corrupción.
Y SIN EMBARGO, transcurridos casi diez días de tales homicidios culposos nadie está detenido. Al momento de escribir estas líneas, se habla de una captura al respecto, pero es una versión no confirmada por las autoridades.
La repercusión y el escándalo de nota nacional que se desató luego de caerse el barandal del tercer piso del señalado bar no han tenido una pronta reacción de las autoridades. Los potosinos hubieran agradecido actuaciones prontas y enérgicas. Aún es tiempo.