Villa de Arriaga, SLP. — En un giro desafortunado para la educación en Villa de Arriaga, San Luis Potosí, el director de la escuela primaria Mariano Escobedo, Salvador Martínez Mendoza, ha revelado alarmantes irregularidades en la administración de fondos destinados a mejoras en las instalaciones educativas. Esta denuncia, que trasciende el mero mal manejo, destaca por la opacidad y la exclusión en las decisiones críticas sobre la infraestructura escolar, poniendo en tela de juicio la integridad de los procesos seguidos bajo la supervisión de Rosaura Campos, directora del programa «La Escuela es Nuestra».

La controversia comenzó cuando la escuela recibió una asignación directa de 600 mil pesos, un acontecimiento que debió haber sido motivo de celebración. Sin embargo, la situación tomó un rumbo decepcionante cuando Campos, encargada de los programas, condicionó la entrega de los recursos, asignando unilateralmente al arquitecto para el proyecto y solicitando el control total de la tarjeta bancaria destinada para las obras. La gestión de Campos resultó en un aparente desfalco, donde los 600 mil pesos asignados no se reflejaron en las mejoras, cuyo valor no superó los 250 mil pesos según estimaciones.

Un caso emblemático de esta gestión fue la asignación de 150,000 pesos para una barda perimetral, cuyo costo real fue drásticamente menor, estimado en solo 40,000 pesos. De manera similar, las mejoras realizadas a los baños, que incluyeron el reemplazo de azulejos, instalación de nuevos pisos y cancelería, se usaron para justificar el gasto de casi la totalidad del presupuesto, pese a que su costo real se estimó en no más de 200 mil pesos. La falta de transparencia, evidenciada en la ausencia de recibos o informes detallados sobre la aplicación de los fondos y el pago a los arquitectos, añade una capa de gravedad a las acusaciones.

Lo más perturbador es que la escuela Mariano Escobedo no sería la única afectada por estas prácticas cuestionables. Investigaciones señalan que el resto de las escuelas favorecidas por el programa en Villa de Arriaga han experimentado situaciones similares, lo que sugiere un patrón de conducta por parte de Campos. La comunidad educativa, incluidos padres, madres y personal docente, ha clamado por la intervención del Gobernador y otras autoridades para evitar la repetición de estos actos y asegurar una gestión adecuada y transparente de los recursos destinados a la educación.

Martínez Mendoza enfatiza la importancia de que sea la comunidad quien gestione estos recursos, citando las palabras del presidente y reflejando el espíritu del programa “La Escuela es Nuestra”. Sin embargo, la ironía se manifiesta en la figura de Rosaura Campos, quien, tras dejar su cargo en la Secretaría del Bienestar, ahora busca una posición de mayor poder político en Villa de Arriaga, aspirando a la Presidencia Municipal.

Existe temor de que una vez entregado el recurso se retomen estas prácticas pues se ha señalado al nuevo encargado del programa, Hugo Espinoza, como personas allegado a Rosaura. Inclusive ya se ha alertado en grupos de padre de familia y escuelas para evitar ser presas de este tipo de despojos. Sin embargo, existe temor que al poner denuncia formal se suspendan los apoyos a las escuelas como en la primer situación.
Padres y madres de familia aseguran que se ha buscado denunciar la situación al nuevo delegado del bienestar, Guillermo Morales, sin embargo, no han tenido respuesta favorable y temen que Rosaura y su gente se encuentren protegidos.
Piden pues la intervención de alguna autoridad mayor pues consideran indispensable que los recursos se apliquen correctamente para que las escuelas puedan brindar mejores condiciones de educación como lo estipula el programa.

Este escándalo subraya la necesidad de mayor vigilancia y transparencia en la administración de fondos públicos, especialmente cuando el futuro educativo de la comunidad está en juego. La situación en Villa de Arriaga se erige como un llamado urgente a revisar y reformar los mecanismos de asignación y seguimiento de recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura educativa, garantizando que los fondos lleguen a donde realmente se necesitan y sean utilizados de manera eficiente y ética.